Manifiesto por el cambio cultural y comunicativo

Directivos y presentadores de programas informativos de TVE (Foto: laopinioncoruna.es)
El pasado 21 de abril el Boletín Oficial del Estado publicaba el real decreto por el que se modifica la composición y modo de elección de los miembros del Consejo de Administración de RTVE, que faculta la elección de su presidente directamente al Partido Popular y suprime la representación sindical. Esto representa, como dice Miguel Ángel Aguilar, el regreso «a una Televisión Española concebida como servicio doméstico gubernamental».

La labor de los periodistas de RTVE durante los últimos años ha sido ampliamente reconocida como modelo de servicio público y no en vano los telediarios de La 1 son líderes de audiencia año tras año. Me temo que, aprovechando el paréntesis estival, el Gobierno de Mariano Rajoy cambie la actual cúpula de Informativos por otra más manejable por sus ministros ¡Ojalá me equivoque!

Pero el actual Ejecutivo del PP no es el único que ha menoscabado la independencia de la televisión pública, sino que José Luis Rodríguez Zapatero ya le dió un sutil zarpazo con la supresión de la publicidad a las dos cadenas estatales. Como dice la presidenta del Observatorio de Políticas de Comunicación InCom-UAB, Isabel Fernández Alonso, «la evolución de RTVE en los últimos años, tras la acertada reforma de 2006, prueba que podemos contar con medios públicos independientes y de calidad. Y, si no se hubiera emprendido la contrarreforma económica de 2009, también saneados».

Pese a la multiplicación de canales privados en la televisión digital, la mayoría pertenecen a dos grandes grupos, Mediaset y Planeta, como en los tiempos de la televisión analógica: Telecinco y Antena 3

En un artículo titulado ‘Jaque mate a RTVE’, Fernández Alonso lamenta esta «injerencia política/gubernamental en el sistema mediático, un fenómeno típico de los países mediterráneos, que tiene que ver con factores histórico-culturales como la larga pervivencia del feudalismo, el éxito de la contrarreforma católica o la tremenda duración de regímenes dictatoriales en pleno siglo XX. Lo alarmante es que estos comportamientos tan autoritarios, en vez de retroceder, se refuerzan».

Desgraciadamente, la gubernamentalización de RTVE no es un caso aislado en España sino que sigue la tendencia mayoritaria en los entes públicos autonómicos de radio y televisión. Pero si miramos al sector privado el panorama tampoco es mejor, con un conglomerado de canales de la TDT en abierto dominado por dos grandes grupos, Planeta (Antena 3 y La Sexta) y Mediaset (Telecinco y Cuatro), como en los viejos tiempos de la televisión analógica.

En la actual coyuntura política es sumamente necesario recordar que el derecho a la cultura, la pluralidad informativa y los medios públicos son conquistas democráticas que están en serio peligro de extinción en sociedades postindustriales globalizadas como las europeas y en este caso la española.

A este respecto, es muy oportuno el mensaje del Manifiesto por el cambio cultural y comunicativo que impulsa la sección española de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, publicado el pasado mes de enero y que resumo a continuación:

1. Comunicación y deterioro democrático
Hay un contraste brutal entre las dinámicas sociales participativas -se comparten ideas y recursos por las redes- y el deterioro de las democracias. Éstas están cada vez más orientadas a seguir, incluso contra los electorados, los dictámenes de los agentes financieros metamorfoseados en prescriptores y dirigentes de las políticas públicas en nombre de los mercados.

2. Aumenta la concentración y disminuye el pluralismo
Al socaire del cambio tecnocomunicativo y de la crisis, y como expresión de los vientos neoliberales en Europa, se está produciendo una nueva e intensa concentración comunicativa y cultural. La situación se agrava cualitativamente puesto que los nuevos actores (Google, Apple, Facebook, Amazon, plataformas web de música, audiovisual, información…) traen consigo un modelo de concentración mucho más global que el de las industrias culturales transnacionales o nacionales, con muy pocos actores -cuando no monopolios a escala planetaria- en todos los campos de las redes, plataformas o servicios. Los propios viejos oligopolios audiovisuales o editoriales negocian su lugar en la nueva cadena de valor en la red.
En el caso español, los procesos de concentración y de financiarización han llegado lejos y avalados por la ley. En el caso del audiovisual, tras la absorción de Cuatro y la Sexta, la reducción del panorama de TV privada en abierto a dos grandes grupos hegemónicos, Mediaset y Planeta, dibuja un panorama desalentador del pluralismo en España que, en lugar de avanzar, nos retrotrae a la era analógica -el duopolio de Telecinco y Antena 3- con lo que las oportunidades que ofrecía la TDT se han aprovechado solo para que haya más canales servidos por los mismos operadores.

3. Desafíos para el Periodismo
En aras a una buena información, urge definir tanto un Estatuto de la información que ampare los derechos informativos de la sociedad como los derechos profesionales del periodismo, en tanto intermediarios entre la sociedad y el relato de los acontecimientos.
En el caso de los profesionales, las cuestiones de máxima preocupación, y que solo se pueden sostener desde su autoorganización, son el empleo, la negociación colectiva, las condiciones de trabajo -incluyendo las relativas a la precarización creciente y al tránsito a las redacciones integrales- y la dignificación, aplicación y actualización de los valores de la profesión.
Se trata de rescatar el borrador para una Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía en el que se desarrollaban los derechos de la libertad de expresión e información, se reconocía que la información es propiedad de la ciudadanía, se empoderaba a los informadores en su profesionalidad e independencia frente apoderes políticos y económicos y se regulaba un mínimo la actividad de las empresas de comunicación.

Viñeta de J. R. Mora (vía pepinilloguerrero.blogspot.es)

4. Amenazas en Internet
Los internautas se encuentran con dos amenazas. Por un lado, se identifican digitalización, privatización y mercantilización con la expansión forzosa del lado mercantil de las redes. Este enfoque es contradictorio con la expansión de los contenidos por Internet como bienes preferentemente públicos y como parte de un patrimonio colectivo de conocimiento acumulado que por ello debe ser de dominio público. Sería más eficiente compartir su gestión gratuitamente o mediante tarifas globales.
Por otro lado, los gobiernos tienden a forzar el estrechamiento, incluso punitivo, del espacio que ganaron las redes sociales para la comunicación, el intercambio y la interacción. La Ley Sinde y la vuelta de tuerca que suponía han sido asumidas por el Gobierno del Partido Popular.

5. Deslegitimación del Servicio Público
La independencia y el pluralismo son, hoy, las referencias centrales para cualquier Servicio Público. Y, sin embargo, los servicios públicos van a ser objeto en España de una intensa laminación en el contexto de una crisis económica y fiscal profunda y de las ópticas conservadoras del nuevo gobierno que no tiene más política que la reducción de los déficits y, en especial, de los servicios públicos abiertos o con proyección social.
Por de pronto el recorte ya anunciado de 200 millones en la subvención de RTVE es toda una declaración de intenciones, y deja a la Corporación en una tesitura complicada que puede dar al traste con la función ejemplificadora y tractora que hoy ejerce en el sistema audiovisual español y en el imaginario colectivo.

6. Asfixia de la comunicación de proximidad y no lucrativa
La preferencia de la anterior Administración por un modelo hegemónico de radiotelevisión de ámbito estatal y privado -pasando de ser 2 canales en abierto a 24 en el espacio de 6 años- ha perjudicado sobre todo a las radiotelevisiones autonómicas, locales y comunitarias.
Las radiotelevisiones autonómicas no han podido competir con un aluvión de programas de ámbito estatal presentes en sus propias zonas de cobertura. Las dificultades para absorber los costes, así como la apuesta actual del Gobierno del Partido Popular y de los Gobiernos autonómicos que controla, presionan en el sentido de su radical redimensionamiento; así como los Expedientes de Regulación de Empleo, la internalización global o su privatización y la consiguiente desaparición como canales públicos. De confirmarse esta tendencia sería un gran retroceso cultural y comunicativo.
Las radiotelevisiones locales también se han visto perjudicadas por el exceso de canales, minimizando su espacio y haciendo imposible comercialmente el predominio de emisiones originales, propias y fuera de cadena.

7. Ausencia de organismos independientes del audiovisual
Comparativamente con otros países europeos, el nonato Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, CEMA, previsto y aprobado en la Ley General de Comunicación Audiovisual, no es lo más avanzado en competencias, composición y modo de elección pero, al menos, era un punto de partida que no ha podido entrar en vigor a falta de reglamento. El Partido Popular siempre lo consideró innecesario e inconveniente, pero no es una solución que esas tareas vinculadas a los contenidos recaigan en la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, un organismo regulador no orientado a la gestión de temáticas sensibles, como son la diversidad y el pluralismo, sino a las reglas de la competencia en un mercado.
Es imprescindible la puesta en marcha de un CEMA de ámbito estatal en aplicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual y la creación específica de Consejos también en las Comunidades Autónomas.

Respaldan este manifiesto un centenar de profesores e investigadores de comunicación audiovisual, periodismo y publicidad de todas las universidades españolas, algunos extranjeros y otras instituciones, sindicatos y asociaciones profesionales.

Fuentes: Rafael Díaz Arias, Observatorio de Políticas de Comunicación (OPC InCom-UAB)
Foto: laopinioncoruna.es
Viñeta: J. R. Mora

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Socied@d Reticular

2011-12-30 19:32:24

Reglamento ‘ley Sinde’: PSOE apunta y PP dispara

Red Sostenible es una plataforma ciudadana compuesta por colectivos, asociaciones y personas contra la ‘ley Sinde’ (Logotipo: labellezadeldesencanto.blogspot.com)
El primer Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado hoy, en su segundo Consejo de Ministros, una batería de medidas económicas de choque y dos disposiciones que competen al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes: la supresión del canon digital para ser sustituido por un «mecanismo de compensación» por copia privada a desarrollar en un real decreto y el Reglamento de la ley Sinde en los mismos términos que lo había dejado el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El nuevo ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, ha rematado la jugada que el Gobierno del Partido Socialista no quiso cerrar hace dos semanas en su último Consejo de Ministros para no empeorar todavía más el negro futuro que les espera a los socialistas en la oposición. Gracias a los cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks hace un año sabemos que la llamada ley Sinde es una imposición de los lobbies de la llamada industria cultural estadounidense, es decir, las grandes compañías discográficas y productoras y distribuidoras cinematográficas de Hollywood.

Mariano Rajoy ha cometido un enorme error de perspectiva histórica al legislar contra Internet

La ley Sinde se enmarca en una ofensiva internacional antipiratería que se ha materializado en la aprobación de la ley estadounidense Stop Online Piracy Act (SOPA), frente a la que se han manifestado gigantes de Internet como Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, la enciclopedia Wikipedia y la organización Creative Commons.

En España, desde diciembre de 2009, cuando se publicó el manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet” ha ido creciendo una ola de protesta y se han multiplicado los argumentos contra la ley Sinde, apoyados en la postura que han adoptado la mayoría de los gobiernos europeos; la Comisaria Europea para la Agenda Digital, Neelie Kroes, o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sentenció que la censura en nombre del copyright es una violación de los derechos fundamentales.

Mariano Rajoy ha cometido un enorme error de perspectiva histórica al legislar contra Internet, casi tan ridículo como el intento del presidente de Telefónica, César Alierta, de pasar factura a Google hace casi dos años en su ensoñación de que la red era suya, es decir, de los proveedores de acceso a Internet. El PP desprecia la tecnología tanto como se aferra al ladrillo con la resurrección de la desgravación en el IRPF por la adquisición de vivienda. Sólo nos faltan los toros y las películas folclóricas en la televisión pública.

Bienvenidos a la España de Torrente.

Fuentes: El País, lainformacion.com, El blog de Enrique Dans
Imagen: La belleza del desencanto

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