Tras casi 15 años al frente de Informativos Telecinco 15:00h, y más recientemente, de la edición de fin de semana, David Cantero finaliza su etapa profesional en la cadena.
🔥 ■ Pedro Piqueras cuenta lo que más le sorprendió cuando entrevistó a Santiago Abascal ■ Reconoce que fue un momento muy difícil. huffingtonpost.es/virales/pedr…
El periodista Pedro Piqueras ha reconocido lo que más le sorprendió de la entrevista que hizo hace unos años al líder de Vox, Santiago Abascal, en Informativos Telecinco.
Imagen de la campaña «Acabar con la impunidad» promovida por la Federación Internacional de Periodistas La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha lanzado la campaña internacional Acabar con la impunidad, que urge a las autoridades de los países con un mayor número de periodistas muertos a investigar estos asesinatos y llevar a los infractores ante la justicia. El presidente de la FIP, Jim Boumelha, ha reclamado por carta a los líderes de Irak, Rusia y Pakistán que hagan todo lo que puedan por resolver los casos de asesinatos de periodis
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Acabar con la impunidad
Imagen de la campaña «Acabar con la impunidad» promovida por la Federación Internacional de Periodistas La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha lanzado la campaña internacional Acabar con la impunidad, que urge a las autoridades de los países con un mayor número de periodistas muertos a investigar estos asesinatos y llevar a los infractores ante la justicia. El presidente de la FIP, Jim Boumelha, ha reclamado por carta a los líderes de Irak, Rusia y Pakistán que hagan todo lo que puedan por resolver los casos de asesinatos de periodistas en sus países, así como por castigar a todas las personas relacionadas con esos asesinatos.
La campaña forma parte de las acciones previas al Día Internacional Contra la Impunidad, que se celebra el 23 de noviembre de 2013
En Rusia, se estima que al menos 124 periodistas y trabajadores de medios han sido víctimas de asesinatos relacionados con el trabajo desde 1991; en Pakistán fallecieron en similares circunstancias 16 informadores en 2010 y otros 11 en 2011, y en Irak han muerto al menos 300 periodistas desde la invasión de Estados Unidos en 2003 sin que ni un solo caso haya sido investigado para identificar y castigar a los asesinos.
Según cables diplomáticos, ministros y fiscales españoles trabajaban para cerrar el ‘caso Couso’ (Foto: librered.net)
La campaña forma parte de las acciones previas al Día Internacional Contra la Impunidad, que se celebra el 23 de noviembre de 2013. Uno de los periodistas españoles que falleció en Irak es José Couso, cámara de Telecinco que fue alcanzado por un disparo de cañón de carro de combate estadounidense cuando se encontraba grabando desde el piso 14 del Hotel Palestine de Bagdad el 8 de abril de 2003. También murió el periodista ucraniano de Reuters Taras Protsyuk.
La juez ha llamado a declarar, como imputados, a ocho agentes de los Mossos d’Esquadra que participaron en la reducción y detención violenta del empresario del Gayxample Juan Andrés Benítez la noche del pasado 5 de octubre en el barrio barcelonés del Raval. Benítez falleció a consecuencia de la paliza, pero los policías aseguraban que los golpes se los había dado la propia víctima al resistirse a la detención. Ésta ha sido la versión oficial durante casi un mes hasta que, gracias a los vídeos grabados por dos vecinos y entregados a la juez, y que publicó el periódico El País en su web el 23 de octubre, la juez ha imputado a los ocho mossos y les ha llamado a declarar. Por su parte, el conseller de Interior les ha apartado del servicio.
Los agentes han sido acusados de torturas, obstrucción a la justicia por presuntamente haber falseado el atestado y un delito de coacciones contra los autores de los vídeos por haberles exigido que se los entregaran o borraran.
En el vídeo de arriba se puede apreciar que la víctima está agarrada por cuatro mossos mientras le propinan puñetazos y golpes continuados en medio de estremecedores alaridos de dolor. Esta vez, los policías van a ser juzgados porque la juez ha tenido en consideración unas pruebas aplastantes, los vídeos de ciudadanos testigos de la agresión, gracias a que hoy casi todo el mundo tiene un teléfono móvil con cámara de fotos y vídeo.
Ahora los ciudadanos podemos apoyar nuestros testimonios con fotos y vídeos, algo que hasta hace pocos años sólo tenían el poder de hacer los medios de comunicación
Ahora los ciudadanos somos más libres porque podemos apoyar nuestros testimonios con fotos y vídeos, algo que hasta hace pocos años sólo tenían el poder de hacer los medios de comunicación: el cine, la prensa, la radio (testimonios sonoros) y la televisión. Aunque desde el poder ya se están planeando cambios legales para limitar las grabaciones en manifestaciones y actos públicos, es nuestro derecho y lo vamos a defender.
En agosto de 1968, miles de manifestantes contra la guerra de Vietnam fueron disueltos a palos por miles de policías y militares tras cinco días de acampada en Chicago. Los disturbios acabaron con 589 detenidos y 119 policías y 100 manifestantes heridos. Cuando el portavoz de los manifestantes ese día, Ronnie Davis, iba a comparecer ante los medios de comunicación preguntó al encargado de relaciones con la prensa, Don Rose, qué decía. «Diles que todo el mundo está mirando y nunca van a salirse con la suya otra vez», respondió Rose.
Efectivamente, las tropas de Estados Unidos abandonaron Vietnam en 1973 porque los americanos dejaron de apoyar la guerra contra el comunismo, que era como les habían presentado el conflicto, gracias a que buena parte de la prensa no miró para otra parte y cubrió los movimientos pacifistas. La gente venció al poder porque todo el mundo estaba mirando.
Afortunadamente, ahora hemos pasado de «todo el mundo está mirando» a «todo el mundo está grabando y lo está contando» a través de las redes sociales. Los delincuentes y criminales de todo tipo, hasta los que visten de uniforme, gozan ahora de mucha menos impunidad que antes.
Cuando gobierno y editores se confabulan el periodismo salta por la ventana
Los medios europeos están concentrados en solo seis grandes grupos (Gráfico: Federación Europea de Periodistas) [Pinchar en la imagen para ver ampliada en una nueva ventana/pestaña] Este 5 de noviembre la Federación Europea de Periodistas (FEP) ha convocado la jornada
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Cuando gobierno y editores se confabulan el periodismo salta por la ventana
Los medios europeos están concentrados en solo seis grandes grupos (Gráfico: Federación Europea de Periodistas) [Pinchar en la imagen para ver ampliada en una nueva ventana/pestaña] Este 5 de noviembre la Federación Europea de Periodistas (FEP) ha convocado la jornada En pie por el periodismo para defender un marco laboral y legislativo adecuado para los profesionales del periodismo en la Unión Europea, requisito indispensable para que la ciudadanía pueda recibir una información veraz, plural y de calidad. En esta ocasión, está dedicada a los peligros que acarrea la creciente concentración en la propiedad de los medios de comunicación en Europa y su impacto en la calidad del periodismo y en el grave deterioro de las condiciones de trabajo de los profesionales.
Esta preocupante situación lo es todavía más en España, donde los grupos audiovisuales Atresmedia y Mediaset alcanzan el 60% de las audiencias televisivas con sus diversos canales y se llevan el 87% de los ingresos publicitarios de la televisión. En España, además, la situación se agrava porque no existe ninguna ley que regule el derecho a la información y el periodismo profesional, un hecho que, salvo contadas excepciones, no se da ni en la Unión Europea ni en gran parte del mundo.
Zapatero suprimió la publicidad de la televisión pública para favorecer a las cadenas privadas y Rajoy no solo lo mantuvo sino que lo empeoró regalando a los periódicos el ‘canon AEDE’
El primer accionista de Mediaset España (Telecinco, Cuatro, etcétera) es la italiana Mediaset, integrada en Fininvest, de Silvio Berlusconi, uno de los seis grandes imperios mediáticos europeos (ver infografía de cabecera).
Antes de la fusión de Cuatro con Telecinco y La Sexta con Antena 3 el presidente Zapatero favoreció a las cadenas privadas de televisión quitándole la publicidad a la pública RTVE, felonía que el actual presidente Rajoy continuó y aumentóapoyando a los periódicos con el famoso canon AEDE, que no es otra cosa que subvencionar a los editores con el pretexto de que los buscadores y otras empresas de internet se benefician al enlazar a sus publicaciones (como si los diarios no sacaran a su vez provecho del correspondiente aumento de visitantes). Recordemos que El Mundo es del gigante europeo Mediaset y La Razón de Planeta, primer grupo editorial español.
El gobierno de Rajoy, asimismo, está convirtiendo a RTVE en un altavoz propagandístico chusco ante las airadas protestas de la plantilla, unos profesionales que en la anterior legislatura, con Zapatero, consiguieron poner a TVE y RNE en puestos de honor internacionales por la calidad e independencia de sus informativos.
Cuota de inversión publicitaria en los ocho primeros grupos mediáticos españoles (Tabla: Cuadernos de Periodistas)
Por su parte, Mediaset y Atresmedia hacen de su capa un sayo con la programación y la publicidad, hasta el punto que el pasado 30 de octubre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) les abrió cuatro expedientes sancionadores por exceder el tiempo de emisión dedicado a mensajes publicitarios y por interrupciones de los programas en perjuicio de los intereses de los telespectadores. Y es que ambas sitúan los bloques publicitarios en las mismas franjas horarias en cada canal que controlan, con lo que hacer zapping en España en la televisión en abierto significa poco menos que irte al tarot.
Esta es la inadmisible realidad mediática que la FEP, donde se integra la española Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), quiere denunciar con esta campaña:
La FeSP, una vez más, pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que promuevan con urgencia una legislación en estas materias acorde con una democracia moderna. No tendrán que inventar nada, solamente analizar las normativas que existen en otros países y trasladarlas a España. En Europa, el último caso es el Reino Unido, con la promulgación de la Royal Charte que entrará en vigor el próximo 1 de enero. También tienen todas las disposiciones comunitarias y valiosísimos informes de organismos tan solventes como la Unesco.
El Gobierno y los parlamentarios españoles también pueden ser más ambiciosos e inspirarse en las legislaciones que se están aprobando en distintos países de Latinoamérica, donde han regulado por ley la concentración en la propiedad de los medios e incluso están poniendo límites a quién puede invertir en un sector tan sensible como la información. Algunos de esos países han incorporado a su ordenamiento jurídico medidas tan democráticamente recomendables como la distribución del espacio radioeléctrico a partes iguales entre los operadores públicos, los privados y los movimientos sociales sin ánimo de lucro, el llamado tercer sector de la comunicación.
En este 5 de noviembre, la FeSP hace un llamamiento a los periodistas y al conjunto de la sociedad para que reclamen y apoyen medidas que permitan favorecer el pluralismo en los medios y eviten la concentración de la propiedad en manos de unos pocos que utilicen la información en beneficio propio, sea por sus intereses económicos o políticos, y no como un bien social.
La FAPE, que ya no se llama Federación de Asociaciones de la Prensa de España sino Federación de Asociaciones de Periodistas de España, no es una organización sindical ni una federación de colegios profesionales. La Asociación de la Prensa de Madrid en los años setenta proporcionó vivienda digna a parte de sus afiliados a precios muy por debajo de los de mercado con la Ciudad de los Periodistas, aunque fue a costa de hipotecar el Palacio de la Prensa de la Plaza del Callao, y en todo momento la asociación ha garantizado una excelente asistencia sanitaria a los periodistas; pero de la defensa de las libertades de información y expresión, y la promoción del buen ejercicio profesional del periodismo como objetivos de la FAPE la realidad está a la vista: si algo de ello hubo hace unos años hoy brilla por su ausencia como muy bien describe Rosa María Artal en este brillante artículo que suscribo.
Empieza a establecerse como costumbre que un partido político –casi siempre el mismo- elija a qué periodistas se digna hablar. La novedad es que la FAPE, Federación de Asociaciones de la Prensa de España, da la razón al partido y no al periodista al que el PP negó la entrada a una rueda de prensa. La proliferación de periodistas y de medios inclina también a los teóricos representantes de los profesionales a aconsejar que los digitales se agrupen en un pool en el que acceda una sola persona representando a varias. Así, estos políticos a los que les gusta llenar estadios de adeptos no se agobian con la presencia de tantos informadores. Y puestos a elegir, mejor primar a los medios tradicionales que a esas moderneces digitales.
La FAPE agrupa a más de 60 asociaciones de la prensa y es común entre los periodistas críticos comentar las peculiaridades de estas entidades. La mayoría de…
La Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles recomienda a los medios on line que se agrupen en un 'pool' para evitar problemas de acreditación
Directivos y presentadores de programas informativos de TVE (Foto: laopinioncoruna.es) El pasado 21 de abril el Boletín Oficial del Estado publicaba el real decreto por el que se modifica la composición y modo de elección de los miembros del Consejo de Administración de RTVE, que faculta la elección de su presidente directamente al Partido Popular y suprime la representación sindical. Esto representa, como dice Miguel Ángel Aguilar,
La labor de los periodistas de RTVE durante los últimos años ha sido ampliamente reconocida como modelo de servicio público y no en vano los telediarios de La 1 son líderes de audiencia año tras año. Me temo que, aprovechando el paréntesis estival, el Gobierno de Mariano Rajoy cambie la actual cúpula de Informativos por otra más manejable por sus ministros ¡Ojalá me equivoque!
Pero el actual Ejecutivo del PP no es el único que ha menoscabado la independencia de la televisión pública, sino que José Luis Rodríguez Zapatero ya le dió un sutil zarpazo con la supresión de la publicidad a las dos cadenas estatales. Como dice la presidenta del Observatorio de Políticas de Comunicación InCom-UAB, Isabel Fernández Alonso, «la evolución de RTVE en los últimos años, tras la acertada reforma de 2006, prueba que podemos contar con medios públicos independientes y de calidad. Y, si no se hubiera emprendido la contrarreforma económica de 2009, también saneados».
Pese a la multiplicación de canales privados en la televisión digital, la mayoría pertenecen a dos grandes grupos, Mediaset y Planeta, como en los tiempos de la televisión analógica: Telecinco y Antena 3
En un artículo titulado ‘Jaque mate a RTVE’, Fernández Alonso lamenta esta «injerencia política/gubernamental en el sistema mediático, un fenómeno típico de los países mediterráneos, que tiene que ver con factores histórico-culturales como la larga pervivencia del feudalismo, el éxito de la contrarreforma católica o la tremenda duración de regímenes dictatoriales en pleno siglo XX. Lo alarmante es que estos comportamientos tan autoritarios, en vez de retroceder, se refuerzan».
Desgraciadamente, la gubernamentalización de RTVE no es un caso aislado en España sino que sigue la tendencia mayoritaria en los entes públicos autonómicos de radio y televisión. Pero si miramos al sector privado el panorama tampoco es mejor, con un conglomerado de canales de la TDT en abierto dominado por dos grandes grupos, Planeta (Antena 3 y La Sexta) y Mediaset (Telecinco y Cuatro), como en los viejos tiempos de la televisión analógica.
En la actual coyuntura política es sumamente necesario recordar que el derecho a la cultura, la pluralidad informativa y los medios públicos son conquistas democráticas que están en serio peligro de extinción en sociedades postindustriales globalizadas como las europeas y en este caso la española.
1. Comunicación y deterioro democrático Hay un contraste brutal entre las dinámicas sociales participativas -se comparten ideas y recursos por las redes- y el deterioro de las democracias. Éstas están cada vez más orientadas a seguir, incluso contra los electorados, los dictámenes de los agentes financieros metamorfoseados en prescriptores y dirigentes de las políticas públicas en nombre de los mercados.
2. Aumenta la concentración y disminuye el pluralismo Al socaire del cambio tecnocomunicativo y de la crisis, y como expresión de los vientos neoliberales en Europa, se está produciendo una nueva e intensa concentración comunicativa y cultural. La situación se agrava cualitativamente puesto que los nuevos actores (Google, Apple, Facebook, Amazon, plataformas web de música, audiovisual, información…) traen consigo un modelo de concentración mucho más global que el de las industrias culturales transnacionales o nacionales, con muy pocos actores -cuando no monopolios a escala planetaria- en todos los campos de las redes, plataformas o servicios. Los propios viejos oligopolios audiovisuales o editoriales negocian su lugar en la nueva cadena de valor en la red. En el caso español, los procesos de concentración y de financiarización han llegado lejos y avalados por la ley. En el caso del audiovisual, tras la absorción de Cuatro y la Sexta, la reducción del panorama de TV privada en abierto a dos grandes grupos hegemónicos, Mediaset y Planeta, dibuja un panorama desalentador del pluralismo en España que, en lugar de avanzar, nos retrotrae a la era analógica -el duopolio de Telecinco y Antena 3- con lo que las oportunidades que ofrecía la TDT se han aprovechado solo para que haya más canales servidos por los mismos operadores.
3. Desafíos para el Periodismo En aras a una buena información, urge definir tanto un Estatuto de la información que ampare los derechos informativos de la sociedad como los derechos profesionales del periodismo, en tanto intermediarios entre la sociedad y el relato de los acontecimientos. En el caso de los profesionales, las cuestiones de máxima preocupación, y que solo se pueden sostener desde su autoorganización, son el empleo, la negociación colectiva, las condiciones de trabajo -incluyendo las relativas a la precarización creciente y al tránsito a las redacciones integrales- y la dignificación, aplicación y actualización de los valores de la profesión. Se trata de rescatar el borrador para una Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía en el que se desarrollaban los derechos de la libertad de expresión e información, se reconocía que la información es propiedad de la ciudadanía, se empoderaba a los informadores en su profesionalidad e independencia frente apoderes políticos y económicos y se regulaba un mínimo la actividad de las empresas de comunicación.
Viñeta de J. R. Mora (vía pepinilloguerrero.blogspot.es)
4. Amenazas en Internet Los internautas se encuentran con dos amenazas. Por un lado, se identifican digitalización, privatización y mercantilización con la expansión forzosa del lado mercantil de las redes. Este enfoque es contradictorio con la expansión de los contenidos por Internet como bienes preferentemente públicos y como parte de un patrimonio colectivo de conocimiento acumulado que por ello debe ser de dominio público. Sería más eficiente compartir su gestión gratuitamente o mediante tarifas globales. Por otro lado, los gobiernos tienden a forzar el estrechamiento, incluso punitivo, del espacio que ganaron las redes sociales para la comunicación, el intercambio y la interacción. La Ley Sinde y la vuelta de tuerca que suponía han sido asumidas por el Gobierno del Partido Popular.
5. Deslegitimación del Servicio Público La independencia y el pluralismo son, hoy, las referencias centrales para cualquier Servicio Público. Y, sin embargo, los servicios públicos van a ser objeto en España de una intensa laminación en el contexto de una crisis económica y fiscal profunda y de las ópticas conservadoras del nuevo gobierno que no tiene más política que la reducción de los déficits y, en especial, de los servicios públicos abiertos o con proyección social. Por de pronto el recorte ya anunciado de 200 millones en la subvención de RTVE es toda una declaración de intenciones, y deja a la Corporación en una tesitura complicada que puede dar al traste con la función ejemplificadora y tractora que hoy ejerce en el sistema audiovisual español y en el imaginario colectivo.
6. Asfixia de la comunicación de proximidad y no lucrativa La preferencia de la anterior Administración por un modelo hegemónico de radiotelevisión de ámbito estatal y privado -pasando de ser 2 canales en abierto a 24 en el espacio de 6 años- ha perjudicado sobre todo a las radiotelevisiones autonómicas, locales y comunitarias. Las radiotelevisiones autonómicas no han podido competir con un aluvión de programas de ámbito estatal presentes en sus propias zonas de cobertura. Las dificultades para absorber los costes, así como la apuesta actual del Gobierno del Partido Popular y de los Gobiernos autonómicos que controla, presionan en el sentido de su radical redimensionamiento; así como los Expedientes de Regulación de Empleo, la internalización global o su privatización y la consiguiente desaparición como canales públicos. De confirmarse esta tendencia sería un gran retroceso cultural y comunicativo. Las radiotelevisiones locales también se han visto perjudicadas por el exceso de canales, minimizando su espacio y haciendo imposible comercialmente el predominio de emisiones originales, propias y fuera de cadena.
7. Ausencia de organismos independientes del audiovisual Comparativamente con otros países europeos, el nonato Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, CEMA, previsto y aprobado en la Ley General de Comunicación Audiovisual, no es lo más avanzado en competencias, composición y modo de elección pero, al menos, era un punto de partida que no ha podido entrar en vigor a falta de reglamento. El Partido Popular siempre lo consideró innecesario e inconveniente, pero no es una solución que esas tareas vinculadas a los contenidos recaigan en la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, un organismo regulador no orientado a la gestión de temáticas sensibles, como son la diversidad y el pluralismo, sino a las reglas de la competencia en un mercado. Es imprescindible la puesta en marcha de un CEMA de ámbito estatal en aplicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual y la creación específica de Consejos también en las Comunidades Autónomas.
Respaldan este manifiesto un centenar de profesores e investigadores de comunicación audiovisual, periodismo y publicidad de todas las universidades españolas, algunos extranjeros y otras instituciones, sindicatos y asociaciones profesionales.
Red Sostenible es una plataforma ciudadana compuesta por colectivos, asociaciones y personas contra la ‘ley Sinde’ (Logotipo: labellezadeldesencanto.blogspot.com) El primer Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado hoy, en su segundo Consejo de Ministros, una batería de medidas económicas de choque y dos disposiciones que competen al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes: la supresión del canon digital para ser sustituido por un «mecanismo de compensación» por copia privada a desarrollar en un real decreto y el Reglamento de la ley Sinde en los mismos términos que lo había dejado el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El nuevo ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, ha rematado la jugada que el Gobierno del Partido Socialista no quiso cerrar hace dos semanas en su último Consejo de Ministros para no empeorar todavía más el negro futuro que les espera a los socialistas en la oposición. Gracias a los cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks hace un año sabemos que la llamada ley Sinde es una imposición de los lobbies de la llamada industria cultural estadounidense, es decir, las grandes compañías discográficas y productoras y distribuidoras cinematográficas de Hollywood.
Mariano Rajoy ha cometido un enorme error de perspectiva histórica al legislar contra Internet
La ley Sinde se enmarca en una ofensiva internacional antipiratería que se ha materializado en la aprobación de la ley estadounidense Stop Online Piracy Act (SOPA), frente a la que se han manifestado gigantes de Internet como Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, la enciclopedia Wikipedia y la organización Creative Commons.
En España, desde diciembre de 2009, cuando se publicó el manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet” ha ido creciendo una ola de protesta y se han multiplicado los argumentos contra la ley Sinde, apoyados en la postura que han adoptado la mayoría de los gobiernos europeos; la Comisaria Europea para la Agenda Digital, Neelie Kroes, o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sentenció que la censura en nombre del copyright es una violación de los derechos fundamentales.
Mariano Rajoy ha cometido un enorme error de perspectiva histórica al legislar contra Internet, casi tan ridículo como el intento del presidente de Telefónica, César Alierta, de pasar factura a Google hace casi dos años en su ensoñación de que la red era suya, es decir, de los proveedores de acceso a Internet. El PP desprecia la tecnología tanto como se aferra al ladrillo con la resurrección de la desgravación en el IRPF por la adquisición de vivienda. Sólo nos faltan los toros y las películas folclóricas en la televisión pública.
La coalición PP-PSOE nos hace un corte de mangas a los españoles
La cúpula del Gobierno de Zapatero dialoga con los portavoces del PP en el Pleno de la reforma constitucional exprés (Foto: Uly Martín / El País) Los diputados del PSOE (con la honrosa excepción de Antonio Gutiérrez, que votó en contra) y del PP y UPN (el PP navarro) aprobaron ayer en el Congreso (316 votos a favor por cinco en contra) la reforma constitucional que introduce el principio de estabilidad financiera con el objetivo de controlar el desbocado déficit público; un endeudamiento que ambas formaciones políticas han s
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La coalición PP-PSOE nos hace un corte de mangas a los españoles
La cúpula del Gobierno de Zapatero dialoga con los portavoces del PP en el Pleno de la reforma constitucional exprés (Foto: Uly Martín / El País) Los diputados del PSOE (con la honrosa excepción de Antonio Gutiérrez, que votó en contra) y del PP y UPN (el PP navarro) aprobaron ayer en el Congreso (316 votos a favor por cinco en contra) la reforma constitucional que introduce el principio de estabilidad financiera con el objetivo de controlar el desbocado déficit público; un endeudamiento que ambas formaciones políticas han sido incapaces de frenar en los gobiernos central, autonómicos y locales donde gobiernan pese a los criterios de convergencia que España se comprometió a cumplir desde la entrada en la moneda única, hace una década.
PSOE y PP han actuado como si España fuera un protectorado alemán o francés y ellos el gobierno colonial. Nos han traicionado
La medida es una imposición de Alemania y Francia, que son los países cuya banca tiene más dinero invertido en deuda española, y pretende evitar que España sea intervenida por la Unión Europea como ya ha sucedido con Grecia, Irlanda y Portugal. De modo que antes de que nos obliguen a desnudarnos y humillarnos, han debido de pensar esas mentes privilegiadas que dirigen ambos partidos mayoritarios, pues ahora mismo nos flagelamos nosotros mismos.
Viñeta: Peridis (El País)
Craso error, porque el déficit se reduce con medidas políticas y económicas de naturaleza estructural (por ejemplo, cambiando la ley de financiación de ayuntamientos y diputaciones o subiendo los impuestos directos a las sociedades, no solamente el IVA y el IRPF a los asalariados), pero desde luego la deuda no se reduce por mucho que lo diga la Carta Magna.
La eficacia económica de la reforma del artículo 135 de la Constitución es nula, los mercados lo saben (el Ibex, indiferente a la votación, cayó ayer un 3,4%, en línea con el resto de los mercados del mundo) y el tiempo lo confirmará. No sirve para lo que se esgrime como razón, la estabilidad financiera de las cuentas públicas; para lo único que sirve es para ganar tiempo y aplazar una probable intervención de España por parte del Banco Central Europeo antes de las próximas elecciones generales anticipadas al 20 de noviembre. Una vez que pase esa fecha, PP y PSOE volverán a las andadas, a decir una cosa y hacer otra muy distinta con los presupuestos públicos.
¿Dónde está, entonces, la gravedad de la reforma constitucional? Está en las formas y en los tiempos, como tuiteó la periodista política de Telecinco Sonia Sánchez. Ha bastado que la prima de riesgo superara el pasado mes de agosto los 400 puntos básicos para que el Gobierno y el principal partido de la oposición corrieran a cumplir las sugerencias de los presidentes de Alemania y Francia, que a su vez, conservadores ellos, transmitían las inquietudes de Wall Street sobre la deuda soberana española. PSOE y PP han actuado como si España fuera un protectorado alemán o francés y ellos el gobierno colonial. Nos han traicionado, nos han hecho un corte de mangas a los españoles que creíamos que la soberanía nacional reside en las cámaras legislativas, el Gobierno y el Poder Judicial. Nos han humillado y ofendido.
Acompaño estas reflexiones con tres documentos periodísticos históricos que argumentan la humillación y el error que supone esta reforma constitucional aquí te pillo, aquí te mato. En primer lugar, el videoblog de Iñaki Gabilondo, con la intervención de la víspera del día de la votación en el Congreso y la siguiente, ambas sobre el mismo tema.
Y por último, el artículo del diputado socialista y presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Antonio Gutiérrez, con las razones por las que rechaza la reforma y que le llevaron a votar en contra de la misma rompiendo la disciplina de partido.
Red Sostenible es una plataforma ciudadana compuesta por colectivos, asociaciones y personas contra la ‘ley Sinde’ (Logotipo: labellezadeldesencanto.blogspot.com)