Cuando gobierno y editores se confabulan el periodismo salta por la ventana
Los medios europeos están concentrados en solo seis grandes grupos (Gráfico: Federación Europea de Periodistas) [Pinchar en la imagen para ver ampliada en una nueva ventana/pestaña] Este 5 de noviembre la Federación Europea de Periodistas (FEP) ha convocado la jornada
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Cuando gobierno y editores se confabulan el periodismo salta por la ventana
Los medios europeos están concentrados en solo seis grandes grupos (Gráfico: Federación Europea de Periodistas) [Pinchar en la imagen para ver ampliada en una nueva ventana/pestaña] Este 5 de noviembre la Federación Europea de Periodistas (FEP) ha convocado la jornada En pie por el periodismo para defender un marco laboral y legislativo adecuado para los profesionales del periodismo en la Unión Europea, requisito indispensable para que la ciudadanía pueda recibir una información veraz, plural y de calidad. En esta ocasión, está dedicada a los peligros que acarrea la creciente concentración en la propiedad de los medios de comunicación en Europa y su impacto en la calidad del periodismo y en el grave deterioro de las condiciones de trabajo de los profesionales.
Esta preocupante situación lo es todavía más en España, donde los grupos audiovisuales Atresmedia y Mediaset alcanzan el 60% de las audiencias televisivas con sus diversos canales y se llevan el 87% de los ingresos publicitarios de la televisión. En España, además, la situación se agrava porque no existe ninguna ley que regule el derecho a la información y el periodismo profesional, un hecho que, salvo contadas excepciones, no se da ni en la Unión Europea ni en gran parte del mundo.
Zapatero suprimió la publicidad de la televisión pública para favorecer a las cadenas privadas y Rajoy no solo lo mantuvo sino que lo empeoró regalando a los periódicos el ‘canon AEDE’
El primer accionista de Mediaset España (Telecinco, Cuatro, etcétera) es la italiana Mediaset, integrada en Fininvest, de Silvio Berlusconi, uno de los seis grandes imperios mediáticos europeos (ver infografía de cabecera).
Antes de la fusión de Cuatro con Telecinco y La Sexta con Antena 3 el presidente Zapatero favoreció a las cadenas privadas de televisión quitándole la publicidad a la pública RTVE, felonía que el actual presidente Rajoy continuó y aumentóapoyando a los periódicos con el famoso canon AEDE, que no es otra cosa que subvencionar a los editores con el pretexto de que los buscadores y otras empresas de internet se benefician al enlazar a sus publicaciones (como si los diarios no sacaran a su vez provecho del correspondiente aumento de visitantes). Recordemos que El Mundo es del gigante europeo Mediaset y La Razón de Planeta, primer grupo editorial español.
El gobierno de Rajoy, asimismo, está convirtiendo a RTVE en un altavoz propagandístico chusco ante las airadas protestas de la plantilla, unos profesionales que en la anterior legislatura, con Zapatero, consiguieron poner a TVE y RNE en puestos de honor internacionales por la calidad e independencia de sus informativos.
Cuota de inversión publicitaria en los ocho primeros grupos mediáticos españoles (Tabla: Cuadernos de Periodistas)
Por su parte, Mediaset y Atresmedia hacen de su capa un sayo con la programación y la publicidad, hasta el punto que el pasado 30 de octubre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) les abrió cuatro expedientes sancionadores por exceder el tiempo de emisión dedicado a mensajes publicitarios y por interrupciones de los programas en perjuicio de los intereses de los telespectadores. Y es que ambas sitúan los bloques publicitarios en las mismas franjas horarias en cada canal que controlan, con lo que hacer zapping en España en la televisión en abierto significa poco menos que irte al tarot.
Esta es la inadmisible realidad mediática que la FEP, donde se integra la española Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), quiere denunciar con esta campaña:
La FeSP, una vez más, pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que promuevan con urgencia una legislación en estas materias acorde con una democracia moderna. No tendrán que inventar nada, solamente analizar las normativas que existen en otros países y trasladarlas a España. En Europa, el último caso es el Reino Unido, con la promulgación de la Royal Charte que entrará en vigor el próximo 1 de enero. También tienen todas las disposiciones comunitarias y valiosísimos informes de organismos tan solventes como la Unesco.
El Gobierno y los parlamentarios españoles también pueden ser más ambiciosos e inspirarse en las legislaciones que se están aprobando en distintos países de Latinoamérica, donde han regulado por ley la concentración en la propiedad de los medios e incluso están poniendo límites a quién puede invertir en un sector tan sensible como la información. Algunos de esos países han incorporado a su ordenamiento jurídico medidas tan democráticamente recomendables como la distribución del espacio radioeléctrico a partes iguales entre los operadores públicos, los privados y los movimientos sociales sin ánimo de lucro, el llamado tercer sector de la comunicación.
En este 5 de noviembre, la FeSP hace un llamamiento a los periodistas y al conjunto de la sociedad para que reclamen y apoyen medidas que permitan favorecer el pluralismo en los medios y eviten la concentración de la propiedad en manos de unos pocos que utilicen la información en beneficio propio, sea por sus intereses económicos o políticos, y no como un bien social.
La FAPE, que ya no se llama Federación de Asociaciones de la Prensa de España sino Federación de Asociaciones de Periodistas de España, no es una organización sindical ni una federación de colegios profesionales. La Asociación de la Prensa de Madrid en los años setenta proporcionó vivienda digna a parte de sus afiliados a precios muy por debajo de los de mercado con la Ciudad de los Periodistas, aunque fue a costa de hipotecar el Palacio de la Prensa de la Plaza del Callao, y en todo momento la asociación ha garantizado una excelente asistencia sanitaria a los periodistas; pero de la defensa de las libertades de información y expresión, y la promoción del buen ejercicio profesional del periodismo como objetivos de la FAPE la realidad está a la vista: si algo de ello hubo hace unos años hoy brilla por su ausencia como muy bien describe Rosa María Artal en este brillante artículo que suscribo.
Empieza a establecerse como costumbre que un partido político –casi siempre el mismo- elija a qué periodistas se digna hablar. La novedad es que la FAPE, Federación de Asociaciones de la Prensa de España, da la razón al partido y no al periodista al que el PP negó la entrada a una rueda de prensa. La proliferación de periodistas y de medios inclina también a los teóricos representantes de los profesionales a aconsejar que los digitales se agrupen en un pool en el que acceda una sola persona representando a varias. Así, estos políticos a los que les gusta llenar estadios de adeptos no se agobian con la presencia de tantos informadores. Y puestos a elegir, mejor primar a los medios tradicionales que a esas moderneces digitales.
La FAPE agrupa a más de 60 asociaciones de la prensa y es común entre los periodistas críticos comentar las peculiaridades de estas entidades. La mayoría de…
La Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles recomienda a los medios on line que se agrupen en un 'pool' para evitar problemas de acreditación
Los periodistas mediterráneos reclaman más seguridad en un entorno de creciente intolerancia
Un joven es abordado por hombres armados en Libia, entre los pueblos de Brega y Ras Lanuf, el 3 de marzo de 2011 (Foto: Reuters / Goran Tomasevic) ‘En defensa del periodismo – Alzando nuestra voz contra la intolerancia y el racismo’ es el título de la conferencia de periodistas mediterráneos que tuvo lugar en París los pasados 31 de marzo y 1 de abril, organizada por la Federación Internaci
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Los periodistas mediterráneos reclaman más seguridad en un entorno de creciente intolerancia
Un joven es abordado por hombres armados en Libia, entre los pueblos de Brega y Ras Lanuf, el 3 de marzo de 2011 (Foto: Reuters / Goran Tomasevic) ‘En defensa del periodismo – Alzando nuestra voz contra la intolerancia y el racismo’ es el título de la conferencia de periodistas mediterráneos que tuvo lugar en París los pasados 31 de marzo y 1 de abril, organizada por la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y sus tres sindicatos afiliados de Francia: SNJ, SNJ-CGT y CFDT Journalistes. A la misma asistieron más de sesenta representantes sindicales, expertos en medios de comunicación y directivos de radioemisoras de la región mediterránea.
El objetivo del encuentro fue debatir sobre los riesgos para la libertad de expresión y la baja calidad de la información en los países ribereños del Mediterráneo. Ahora se han publicado las recomendaciones resultantes de esos debates, que considero muy relevantes. Las negritas son mías.
RESOLUCIONES DEL ENCUENTRO DE PERIODISTAS MEDITERRÁNEOS
Revitalización de una cultura de la seguridad en el seno de los medios de comunicación a través de la formación, la puesta a disposición de equipos, seguros; así como la persecución de los autores de amenazas y actos violentos contra los medios de comunicación. En particular, la FIP tendría que reforzar su cooperación con la UNESCO para apoyar el plan de acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad de sus agresores.
Reafirmación de la libertad de expresión como derecho fundamental de todos los ciudadanos y deber de los periodistas, esencial para su misión de revelación de los abusos y corrupción del poder. Apelando sobre todo a:
La liberación de todos los presos encerrados por su actividad periodística.
La despenalización de los delitos de prensa y la reforma de las leyes que asfixian al periodismo, por ejemplo la despenalización de la difamación.
Garantizar el derecho a la información en las legislaciones nacionales y las constituciones.
Hacer campaña contra los gobiernos que explotan los temores respecto de la seguridad pública con el fin de introducir legislaciones antiterroristas opresivas, como la ‘Patriotic Act’ debatida actualmente en Francia y que podría ser utilizada para limitar el ejercicio del periodismo.
Promoción de un programa de tolerancia y diálogo con el fin de combatir los estereotipos a través de:
Difusión en las escuelas de periodismo y entre los profesionales de los derechos de las minorías desfavorecidas y las comunidades marginadas.
La mejora del periodismo a través del establecimiento de principios éticos claros y estructuras de diálogo en torno a cuestiones deontológicas.
Intercambios entre medios de comunicación mediterráneos con vistas a mejorar los valores del periodismo.
La promoción y el reconocimiento de los mejores talentos de un periodismo que pone por delante los valores multiculturales inclusivos.
Medios públicos:
Hacer campaña para defender los modelos y principios de los medios de comunicación de servicio público; garantizar el amparo en el ámbito europeo de los derechos humanos, su financiación y evitar que sean amenazados de clausura, como en los casos de Grecia y Portugal.
Asegurar que la transición de la ‘radiodifusión de Estado’ hacia la ‘radiodifusión de servicio público’ tenga como prioridad la política de vecindad de la UE.
Reforzar la independencia de los organismos reguladores de los medios de comunicación y la financiación del sector audiovisual público.
Luchar contra la degradación de las condiciones laborales en las redacciones vía:
Persecución de las actividades de lobby en el seno de la OIT a favor de normas mínimas laborales en los medios de comunicación, en cooperación con la Federación Internacional de Músicos (FIM) y las organizaciones de actores (FIA).
Alianza con la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Unión Global de Sindicatos para abordar los problemas de los medios de comunicación transnacionales.
Campañas a favor del mantenimiento del periodismo como bien público, a través de la misión de servicio público, subvenciones y otros métodos innovadores.
Campañas a favor del derecho de los periodistas independientes a tener las mismas condiciones laborales que los profesionales de plantilla, incluida la facultad de ser representados por sindicatos.
Campañas para la creación de leyes contra la concentración de la propiedad en los medios, con el fin de garantizar el pluralismo de ideas y opiniones.
“Desde el PP había voces que pedían mi cese con los mismos argumentos insidiosos que la Embajada israelí”, afirma la destituida corresponsal de TVE en Gaza
¿A quién pertenecen los medios de comunicación, esos que modelan nuestras conciencias?
El cerebro como campo de batalla entre el gnosticismo y el cristianismo. Este gráfico de Catholic.net me sirve para representar la influencia de los medios en nuestras mentes. Access Info Europe, organización dedicada a promover la transparencia y el derecho a la información en la Unión Europea, comenzó hace dos años un estudio en 20 países europeos y Marruecos con el objetivo de analizar en qué medida los medios de comunicación están obligados a hacer pública la identidad de sus propietarios. Según indica la organización en su web:
Disponer de información precisa, completa y actualizada sobre quién controla realmente los medios de comunicación es un componente esencial en un sistema democrático. Es imposible abordar la excesiva concentración de medios y los conflictos de intereses cuando no tenemos las herramientas para saber a quién pertenecen estos medios; que la identidad de sus dueños sea de dominio público garantiza que los abusos del poder mediático puedan ser abordados, publicitados, debatidos abiertamente e incluso evitados. Tanto aquellos encargados de la regulación de los medios como el público en general debería saber quién controla realmente – y ejerce su influencia en – los medios de comunicación.
Access Info Europe ha lanzado una campaña para exigir a la Unión Europea un marco normativo común que obligue a las empresas mediáticas, incluidas las del ciberespacio, a publicar quiénes son sus dueños
Según los resultados del informe, solo en Austria y Croacia la ley obliga a los grupos periodísticos a publicar detalladamente quién está detrás de los mismos. En nueve países los reguladores de los medios tienen esta información, pero en otros diez ni siquiera los reguladores conocen estos datos, una cifra que desciende a seis en el caso de los medios digitales. Según Anderica, en España se puede saber de quién es una sociedad consultando el Registro Mercantil, pero «muchas empresas están registradas con el nombre del gestor, por lo que el dueño real no es el que aparece ahí».
Ante la ocultación de una información vital para cualquier sistema democrático, pues los medios modelan la opinión pública, Access Info Europe ha lanzado una campaña para exigir a la Unión Europea un marco normativo común que obligue a las compañías y grupos mediáticos, incluidos los del ciberespacio, a publicar quiénes son sus propietarios.
Dentro de esta iniciativa se ha elaborado un decálogo de recomendaciones para que los medios alcancen la transparencia. Son éstas:
1. Obligación de publicar la información básica y esencial
2. La información debe ser fácil de encontrar y gratuita
3. La información debe ser actualizada con frecuencia
4. La información debe ser publicada en formatos abiertos y debe ser reutilizable
5. Propuesta de un progresivo aumento de los niveles de transparencia
6. Acceso a la información y contraste de la misma a escala internacional
7. Transparencia de las influencias sobre los medios
8. Propuesta de un marco legal claro y preciso
9. Organismo independiente encargado de controlar
10. Información pública y accesible para la sociedad
El estudio abarca los estados de Austria, Azerbaiyán, Bulgaria, Croacia, Chipre, Georgia, Alemania, Islandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Macedonia, Marruecos, Países Bajos, Noruega, Rumanía, España, Suiza, Turquía y Reino Unido.
Para terminar recupero una infografía de la Federación Europea de Periodistas (FEP) que muestra los seis grandes conglomerados mediáticos que dominan el sector europeo, dos de los cuales están presentes en España a través de los grupos Atresmedia (Bertelsmann) y Mediaset (Fininvest).
Pinchar en la imagen para ver ampliada en una nueva ventana/pestaña (Gráfico: Federación Europea de Periodistas)
Solo en dos, Austria y Croacia, de los 20 países analizados por la organización Access Info Europe existe una transparencia real y exhaustiva sobre los dueños de los medios
Desde el año 2003 Telemadrid ha experimentado un proceso de privatización de su gestión, pero como la Ley Audiovisual no lo permitía, Esperanza Aguirre se encargó de hacerlo en la sombra, creando una redacción paralela de trabajadores incondicionales, subcontratando publicidad y programas a amiguetes y duplicando el número de puestos directivos. El resultado ha sido el que el Partido Popular llevaba buscando desde hace una década: echar a 925 de los 1.170 trabajadores del ente público mediante un ERE y destinar los dineros públicos a las mismas productoras de televisión que ya trabajan como la
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Venden Telemadrid tras arruinarla después de una década de ‘gestión privada en la sombra’
Desde el año 2003 Telemadrid ha experimentado un proceso de privatización de su gestión, pero como la Ley Audiovisual no lo permitía, Esperanza Aguirre se encargó de hacerlo en la sombra, creando una redacción paralela de trabajadores incondicionales, subcontratando publicidad y programas a amiguetes y duplicando el número de puestos directivos. El resultado ha sido el que el Partido Popular llevaba buscando desde hace una década: echar a 925 de los 1.170 trabajadores del ente público mediante un ERE y destinar los dineros públicos a las mismas productoras de televisión que ya trabajan como la voz de su amo.
En esta legislatura que el PP está consagrando a la gran privatización, la del sistema público de salud, es bueno recordar qué sucede cuando se privatiza la gestión, a tenor de lo que ha pasado en la radio y televisión: el servicio sanitario va a empeorar muchísimo y los amigos de los gobernantes regionales se van a llevar los millones crudos vía externalizaciones de producción (el mayor arma de empobrecimiento masivo de este comienzo de siglo), concesiones y reparto de los puntos calientes de la economía sanitaria (compras de medicamentos, equipamiento, obras y servicios de mantenimiento).
El caso de Telemadrid demuestra el fracaso de la gestión privada de un servicio público
¿No lo crees así? Tómate unos minutos y mira lo que cuenta el vídeo de animación de arriba sobre el proceso de desacreditación de la radiotelevisión madrileña a lo largo de los últimos años como paso previo a la abiertamente declarada intención de privatizarla por parte de Esperanza Aguirre: primero se deteriora el servicio y luego se entrega el negocio a los socios/amiguetes. En el caso de Telemadrid, el presidente Ignacio González ya está en la fase final, a punto de deshacerse del personal que levantó a Telemadrid como faro del pluralismo en televisión cuando sus informativos los dirigía Fermín Bocos, en su etapa constituyente.
Los madrileños hemos tenido que soportar la burda manipulación de la información en Telemadrid, pese a los intentos de muchos trabajadores y periodistas del ente público por mantener la integridad y la decencia profesionales a costa de terribles represalias laborales. Esa lucha no debe caer en saco roto y debería recibir ahora el respaldo de la mayoría de la ciudadanía para que nuestro dinero no acabe utilizándose en el aparato de propaganda, finalmente privatizado, en que han transformado a Telemadrid.
Hay que apoyar todas las acciones de los trabajadores del ente en su combate contra la privatización, ya sean medidas sindicales de protesta, judiciales o políticas. Telemadrid es la demostración de la ruina política, económica y social que a la que conduce la privatización de la gestión de un servicio público. No hay que permitirlo, ni en el campo de la comunicación ni en el de la sanidad. Son fondos que provienen de nuestros impuestos y son derechos que tenemos que conservar para nuestros descendientes, porque se lo debemos a nuestros padres.
“Se echa a la cuneta a personas que llevan 25 años y se conservan los puestos de los directores, con 140.000 euros de sueldo, y de todos los enchufado...
La reforma laboral que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado viernes 10 no ha sido una reforma laboral más de las 16 que ha registrado España desde la instauración de la democracia; es mucho más que eso, porque consagra la supremacía del empresario sobre el trabajador en las relaciones laborales en un modo como no había sucedido en España desde 1977.
Hasta ahora, las relaciones entre empresarios y trabajadores estaban reguladas por el Estatuto de los Trabajadores y gozaban de la tutela judicial. Eso era una engorrosa realidad para los empresarios, porque era necesario el veredicto de un juez para despedir sin motivo o para poner en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE). Además, las bajas por enfermedad eran sagradas y el empresario no podía impedir que las dictara quien lo tiene que hacer, el médico.
No se podía dejar pasar la oportunidad histórica de amputar las pocas conquistas sociales que quedaban por tocar, porque van directamente a balance y a beneficios. Luego, ya veremos qué hacen las empresas con esas plusvalías en este escenario económico tan negro
Pues bien, lo que antes era un obstáculo para la completa autoridad del empresario sobre el trabajador ahora se ha suprimido de un plumazo con la súper-reforma laboral de Rajoy. Ante la necesidad de despedir, ahora un empresario no tiene que pagar 45 días por año si el despido es injustificado, simplemente paga 20 días alegando falta de beneficios reales o previstos (lo que en época de recesión como la presente es habitual) y aquí paz y después gloria. Nada de que lo apruebe un juez de lo Social, como tampoco es necesaria su intervención para aplicar un ERE. Como consecuencia, la reforma invita a los empresarios a una rebaja generalizada de salarios. Y si el trabajador se pone enfermo no hay problema: si falta entre 9 y 20 días en dos meses se le pone de patitas en la calle con todo el as de la ley.
Pero como de lo que se trata es de crear empleo, además de subvenciones a las empresas (de 3.000 a 4.000 euros por trabajador en determinados casos) se ha creado un nuevo tipo de contrato con un periodo de prueba de 364 días de trabajo en el que el empresario puede prescindir del trabajador sin indemnización ni preaviso. Claro, esto convierte a los anteriores contratos temporales con 8 días por año de indemnización (conocidos como contratos basura) en demasiado generosos y la nueva reforma prohíbe encadenarlos durante más de dos años. Como si los empresarios fueran tan tontos, teniendo al nuevo contrato (atraco diría yo) con un año de periodo de prueba.
En un país donde muchas empresas (y no sólo pequeñas) dan de baja en la Seguridad Social los viernes a los mismos trabajadores que vuelven a contratar los lunes, este nuevo marco legal va a dar pie a abusos y corruptelas empresariales nunca vistas hasta la fecha. La patronal ha conseguido su particular El Dorado y ningún trabajador en su sano juicio va a rechistar con 5,3 millones de parados, y menos aún si está pagando una hipoteca. Se pongan como se pongan Toxo y Méndez. Puro materialismo histórico marxista: «No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino que, al contrario, es su ser social el que determina su conciencia». Un materialismo histórico que estudian y aplican, con otra nomenclatura más liberal, en las escuelas de negocios de todo el mundo.
Antidisturbios reprimiendo una protesta contra la reforma laboral el viernes 10 en Madrid (Foto: Ateneo Cuatro Gatos)
Todo el poder para los empresarios para que creen puestos de trabajo (no entremos en chuminadas de en qué condiciones ni por cuánto dinero). Pero la verdad es que, con las nuevas condiciones, la devaluación del factor trabajo equivale a doblar, triplicar o cuadruplicar los márgenes de las compañías que hayan resistido hasta ahora. Pero no es suficiente, hay que conseguir que empresas hasta ahora inviables por los pesados costes laborales puedan echar a andar a partir de ahora ¿Surgirá alguna?
En una economía caracterizada por la recesión, la caída del consumo interno, el elevado endeudamiento de empresas, administraciones públicas y familias; la ausencia de crédito financiero; el uso abusivo de la subcontratación, que ha multiplicado el número de pymes y trabajadores autónomos (tres de cada cuatro empresas españolas tienen menos de cinco trabajadores: 1,1 de 1,4 millones de sociedades) y una deuda pública próxima a máximos históricos que absorbe los pocos recursos financieros disponibles, la culpa de que no se cree empleo no es del marco legislativo laboral, ni de la pretendida falta de flexibilidad, ni de la falta de disposición de los trabajadores a asumir sacrificios, como bien saben los empresarios y el Gobierno del PP.
La devaluación del factor trabajo equivale a doblar, triplicar o cuadruplicar los márgenes de las compañías que hayan resistido hasta ahora
Pero no se podía dejar pasar la oportunidad (material e) histórica de amputar las pocas conquistas sociales que quedaban por tocar, porque van directamente a balance y beneficios. Luego, ya veremos qué hacen las empresas con esas plusvalías en este escenario económico tan negro.
Algunas tal vez terminen sus planes de deslocalización de sus fábricas en España a países de Europa del Este con mano de obra más económica, otras seguramente cambien de actividad y se marchen a otras comunidades autónomas a aprovechar los grandes incentivos existentes para la apertura de nuevas empresas y otras seguramente despidan a todos los trabajadores con contratos anteriores al día de ayer, 11 de febrero, fecha en que ha entrado en vigor esta última reforma, y contraten a otros trabajadores acogiéndose a las nuevas ayudas fiscales, pagándoles menores sueldos y sin dejarles que lleguen al año para despedirlos vía exprés y sin coste alguno, lo que aumentará las cifras del desempleo dentro de un año y otra vez volverá a ser necesaria una nueva reforma laboral que profundice en la racionalización del rígido mercado laboral español. Sería la número 17 de la democracia y no se nos habría quitado todavía la cara de imbéciles que nos ha quedado con la presente reforma laboral.
Los empresarios solo deben justificar nueve meses de caídas de ventas para aplicarlo
El decreto no precisa de qué forma tendrán que justificar las pérdidas
La reforma elimina la autorización previa que tenía que dar Trabajo
El cerebro como campo de batalla entre el gnosticismo y el cristianismo. Este gráfico de Catholic.net me sirve para representar la influencia de los medios en nuestras mentes.
Pinchar en la imagen para ver ampliada en una nueva ventana/pestaña (Gráfico: Federación Europea de Periodistas)
Antidisturbios reprimiendo una protesta contra la reforma laboral el viernes 10 en Madrid (Foto: Ateneo Cuatro Gatos)